Chris Barlati
En las dos primeras investigaciones que realizamos (Parte 1 y Parte 2), aclaramos qué es el Honduras Gate y qué vínculo guarda con las dinámicas políticas de América Latina, así como con las ambiciones expansionistas de la nueva administración del senil Donald Trump, mero títere de Israel y de las grandes corporaciones tecnológicas. También presentamos nuestro análisis exclusivo y testimonio sobre el contenido de los audios surgidos de las citadas filtraciones, que hunden sus raíces en cuarenta años de política imperialista (no solo en perjuicio de Honduras), y que, en realidad, no habrían necesitado filtración alguna para ser conocidos por la opinión pública.
Dichas grabaciones se inscriben en una auténtica guerra entre facciones de orientación atlántica en la que se enfrentan demócratas y conservadores, y en la que los juegos de poder internacionales (China, Irán y Rusia vs. Estados Unidos) desencadenan revelaciones selectivas, golpes de Estado y sacudidas geopolíticas de gran envergadura.
Geopolítica de la cocaína
Los países idóneos para el cultivo de hoja de coca en América Latina —desde el punto de vista ambiental— son tres: Perú, Bolivia y Colombia. En estos Estados, el cambio de poder y su progresiva concentración en manos de los gigantes tecnológicos y de las facciones conservadoras están determinando un claro giro a la derecha, favorecido por manipulaciones electorales y financiamiento proveniente de la Casa Blanca y de Tel Aviv. De este modo, se está llevando a cabo una profunda transformación del equilibrio internacional, que involucra también al narcotráfico. Esta estrategia se sostiene sobre tres pilares: la demonización de la "izquierda", la reescritura de la historia y la glorificación del "capitalismo", todo ello encaminado a la privatización sistemática de todos los recursos.
Para los ingenuos sin pecados ni culpas, acostumbrados a creer en la sempiterna —y cada vez más contradictoria— versión oficial, la droga y la criminalidad, o sea, los narcos, son "mercados" difíciles de erradicar de la sociedad colombiana y de Centro y Sudamérica. Para quienes, en cambio, están familiarizados con las lógicas de la hipocresía, es más que evidente que las diversas pandillas no son más que una cómoda excusa para una guerra infinita, funcional a financiar, refinanciar y lavar millones y millones de dólares, además de traficar armas y tecnologías y manipular ejércitos de útiles idiotas —en realidad, mercenarios. Estos mercados constituyen, entre otras cosas, el canal perfecto para el mantenimiento de los costosos servicios de inteligencia ("corruptos"), ya sean estadounidenses, colombianos o europeos, que desde siempre han hecho del narcotráfico un recurso para sus propios aparatos.
Es en este preciso momento histórico donde el contraste entre los distintos "enfoques" en la lucha contra el narcotráfico revela su verdadero rostro:
- Da un lado, la construcción de megacárceles para detener arbitrariamente a cualquiera que sea etiquetado como "terrorista";
- Del otro, acusaciones fantasiosas de terrorismo contra quienes osan desenmascarar las hipocresías en la estigmatización de Rusia, China e Irán. A ello se suman la sumisión de las clases dirigentes a las locuras de los genocidas Trump y Netanyahu, así como las medidas que autorizan el uso del ejército en las manifestaciones.
El panorama internacional explicita sin ambages que está en curso una guerra entre facciones de la inteligencia atlántica, en la que supuestos "progresistas" y "conservadores" – carentes de cualquier auténtica ubicación ideológica, pues son meras piezas – se disputan el control del "reordenamiento internacional" con conflictos que movilizan las palancas clásicas de todo mercado de la "política de la guerra": el narcotráfico, las armas biológicas, el reclutamiento de mafias, el espionaje informático, el uso calculado del poder judicial y la manipulación de lo sagrado, ya sea a través de esoterismos paramasónicos para élites degeneradas, ya mediante la infiltración en las religiones populares.
PARTE 1
EL CASO DE COLOMBIA
EL GIRO A LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA Y EL CASO COLOMBIANO: DE URIBE A PETRO, ENTRE NARCOTRÁFICO, ESPIONAJE Y ABUSOS DE PODER
El nuevo mapa de la geopolítica de la cocaína. América Latina y la marea rosa
A principios de los años 2000, América Latina vivió una etapa de gobiernos progresistas, la llamada "marea rosa" (un color, por cierto, muy usado en ámbitos esotéricos progresistas): en Venezuela con Chávez, en Brasil con Lula, en Argentina con los Kirchner, en Bolivia con Morales, en Ecuador con Correa, en Uruguay con Vázquez y Mujica. Estos gobiernos se caracterizaron por políticas sociales inclusivas, nacionalizaciones, integración regional y una crítica abierta a las políticas neoliberales y a la injerencia estadounidense. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 2010 aproximadamente, la región sufrió una contraofensiva conservadora: golpes de Estado parlamentarios (como en Paraguay y Brasil), crisis económicas, corrupción y el ascenso de líderes de derecha que prometían —teóricamente— mano dura contra el crimen y "reapertura" a los mercados internacionales (¿y los aranceles?). En Argentina llegó Macri, en Brasil Bolsonaro, en Chile Piñera, en Ecuador Moreno (que viró a la derecha), en Perú una serie de presidentes conservadores.
Colombia, en este marco, ya llevaba tiempo siendo un caso atípico: mientras el resto del continente oscilaba entre derecha e izquierda, el país andino había mantenido una tradición política dominada por coaliciones de centro-derecha, con la única excepción del breve paréntesis liberal de Virgilio Barco en los años 80 y de la Constituyente de 1991.
La verdadera virada en materia de "seguridad" —siempre teóricamente—, que recuerda tanto a la propaganda del dictador Bukele en El Salvador, llegó con Álvaro Uribe, quien en 2002 inauguró una era de línea dura y de profunda alianza con Estados Unidos, acompañada de significativas controversias sobre derechos humanos y del vínculo entre fuerzas militares y grupos paramilitares. Si bien esta política trajo ciertos resultados en la reducción de atentados y secuestros en el corto plazo, su impacto definitivo fue nulo, ya que el problema del narcotráfico no fue (¿voluntariamente?) resuelto, dejando espacio a una sensación de "seguridad percibida" más que a una paz estable y duradera.
La estrategia de la falsa seguridad: crear miedo para vender control
Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) representó una ruptura clara con los gobiernos anteriores. No solo por su política de "Seguridad Democrática", que movilizó al ejército contra las FARC y el ELN, sino también por su alineación total con Washington. El "Plan Colombia", iniciado a finales de los años 90, encontró en Uribe a su más fiel ejecutor: más de 10 mil millones de dólares permitieron fortalecer el ejército, la policía y los servicios de inteligencia, con el objetivo declarado de erradicar —en teoría— el narcotráfico y la guerrilla.
Los números de la guerra contra el narcotráfico
La política de erradicación forzada de cultivos de coca, llevada a cabo sobre todo mediante fumigaciones aéreas con glifosato, trajo consigo una reducción inicial. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca bajaron de aproximadamente 144.800 hectáreas en 2001 a unas 78.000 hectáreas en 2006 (con una reducción del 52% respecto al pico de 163.000 hectáreas en 2000), para luego estabilizarse en 62.000 hectáreas en 2010. Es importante señalar que la UNODC utiliza dos metodologías de cálculo para 2010: 57.000 hectáreas sin corrección para campos pequeños y 62.000 hectáreas con corrección para campos pequeños, que incluye las parcelas inferiores a 0,25 hectáreas no detectables vía satélite. El dato de 62.000 hectáreas es considerado más preciso para las estimaciones de producción y, en consecuencia, para las evaluaciones de impacto de las políticas de erradicación.
En términos de seguridad, el gobierno de Uribe logró una reducción significativa de los homicidios (-51%), de los secuestros (más del 70%, con una reducción del 88% respecto a 2002) y de los atentados terroristas. Fueron capturados o abatidos numerosos jefes de las FARC y de los carteles de la droga.
Sin embargo, los expertos señalan que la reducción fue en parte un efecto de "desplazamiento": los cultivadores se trasladaron a zonas más remotas y a países vecinos. Según la UNODC, los cultivos en Perú aumentaron de 46.200 hectáreas en 2001 a 61.200 hectáreas en 2010 (+55% respecto a una década antes), mientras que Bolivia mantuvo niveles estables en torno a las 30.000 hectáreas, confirmando el fenómeno de redistribución geográfica conocido como "efecto globo". Además, el narcotráfico se fragmentó en muchas pequeñas organizaciones criminales (las llamadas "Bacrim") que continuaron controlando las rutas de la droga.
La producción de cocaína nunca cayó realmente: Colombia siguió siendo el primer productor mundial, con una cuota que bajó del 65% en 2005 al 62% en 2006 debido a los aumentos en Perú y Bolivia. La demanda de Estados Unidos y Europa continuó sosteniendo el mercado. Según el World Drug Report 2011, el mercado norteamericano bajó de 47 mil millones de dólares en 1998 a 37 mil millones en 2008, mientras que el mercado europeo se duplicó en el mismo período, alcanzando un valor de 36 mil millones de dólares, casi a la par del estadounidense (1).
El escándalo del DAS: el espionaje como política de Estado
El gobierno de Uribe estuvo marcado por uno de los escándalos más graves de la historia colombiana: las "chuzadas" del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).
El DAS, que era el principal organismo de inteligencia del país, fue utilizado para interceptar ilegalmente las comunicaciones de magistrados de la Corte Suprema, periodistas, opositores políticos, defensores de derechos humanos e incluso familiares de funcionarios públicos. Para estas operaciones ilícitas, en 2003 se creó un grupo secreto llamado G-3, que operaba sin ningún control legal: un deservicio, en todo sentido análogo a la italiana Falange Armata de los años 90 (activa, como veremos, también en el 2000), y al actual sistema criminal integrado con la presidencia de Giorgia Meloni, cuyos servicios de inteligencia y grupos paramilitares —afines en ideología— espían a placer a los enemigos del sistema (¿alguien recuerda el reciente escándalo Equalize y el de la Squadra Fiore? ¿O las infiltraciones y manipulaciones de menores en los supuestos grupos de "hackers" —presuntamente— rusos?).
Los objetivos del grupo G-3 no fueron casuales: el DAS persiguió sistemáticamente a cualquiera que pudiera amenazar la estabilidad del gobierno uribista. En particular, todos aquellos que investigaban los vínculos entre parlamentarios y paramilitares (el escándalo de la parapolítica) fueron espiados para tratar de desacreditarlos mediante la elaboración de pruebas y acusaciones falsas: periodistas, críticos, opositores del Polo Democrático y activistas de derechos humanos corrieron la misma suerte. El objetivo era doble: por un lado, recopilar información para neutralizar las críticas; por el otro, intimidar a quienes osaban oponerse al gobierno.
La ley no es igual para todos: la liquidación programada del DAS y la injusticia de Estado
Aclaremos: no se trató solo de interceptaciones abusivas y exposiciones públicas. El DAS construyó un auténtico sistema de persecución política que incluía la falsificación de informes para presentar a activistas y periodistas como supuestas amenazas a la seguridad nacional, legitimando así los abusos ante los jueces de control de garantías (¿les suena familiar, queridos paisanos italianos?). Además de las "chuzadas", el organismo organizó seguimientos ilegales, intimidaciones y amenazas a los objetivos, haciéndoles saber que estaban siendo vigilados y que podían sufrir represalias. Los recursos públicos y el personal del Estado fueron utilizados para fines privados y políticos, y el DAS llegó incluso a obstaculizar las investigaciones judiciales sobre sus propios crímenes, destruyendo las pruebas.
El G-3 fue instituido en marzo de 2003 como una estructura clandestina dentro del DAS, sin ningún acto administrativo ni respaldo legal. Su propia naturaleza lo situaba fuera de todo control, y sus miembros, pese a ser funcionarios estatales, operaban como una asociación criminal. Las investigaciones han evidenciado que las reuniones del G-3 involucraban a los altos mandos del DAS y que los informes eran enviados regularmente a la Casa de Nariño (palacio presidencial). La responsabilidad ha sido atribuida hasta el expresidente Álvaro Uribe, a quien se le imputó la creación de la estructura criminal que actuaba a su solicitud para atacar a sus "enemigos".
A pesar de las condenas de algunos altos funcionarios —la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado (14 años), el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno (8 años) y el exdirector Jorge Noguera Cotes (25 años por homicidio y casi 8 por las chuzadas)—, la impunidad ha caracterizado gran parte del sistema.
En 2009, el DAS destruyó más de 100 cajas de documentación para ocultar las pruebas de su actuación: un acto por el que nadie fue procesado. Además, la estrategia de depuración interna permitió a funcionarios de alto nivel eludir la justicia o ser reasignados a otros cargos, como en el caso de Noguera Cotes, quien tras estar involucrado en las primeras revelaciones fue nombrado cónsul en Milán antes de ser finalmente arrestado y condenado.
Álvaro Uribe terminó su presidencia en 2010 sin ninguna condena ni repercusión judicial, y durante años gozó de plena impunidad. Solo después de dejar el poder, la justicia comenzó a procesarlo. En julio de 2025, la jueza Sandra Heredia lo condenó en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y corrupción de testigos. Sin embargo, en octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia y lo absolvió, generando gran polémica. La magistrada Leonor Oviedo discrepó, sosteniendo que la condena debía ser confirmada. La Fiscalía y las víctimas han anunciado que recurrirán en casación ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse de manera definitiva.
Este es el caso judicial más importante de la historia colombiana y su desenlace aún es incierto.
Pocas estrellas pero muchas "rayas"
Cuando estalló el escándalo, la presión internacional, en particular la de Estados Unidos, fue determinante. Washington, que había financiado y entrenado al DAS con tecnologías y recursos durante años, se declaró sorprendido y amenazó con suspender la cooperación en materia de seguridad si el organismo no fuera depurado; una "sorpresa" cuanto menos singular, considerando que los técnicos e instructores estadounidenses trabajaban en estrecho contacto con el DAS y que es difícil creer que no se hubieran dado cuenta de nada.
Las actividades del G-3 llevaban años en marcha, involucraban a los altos mandos del organismo y sus informes llegaban a la Presidencia: una estructura tan ramificada y protegida difícilmente podía pasar desapercibida ante los ojos de los socios estadounidenses, que proporcionaban apoyo tecnológico y logístico. Su repentina indignación, para los desconfiados, pareció más una jugada política para proteger su propia imagen que una reacción genuina, y la amenaza de suspender la ayuda sirvió para encubrir años de complicidad o, cuando menos, de negligencia culpable.
En 2011, el presidente Juan Manuel Santos firmó la liquidación definitiva del DAS, reemplazándolo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo técnicamente más moderno y con funciones limitadas a la inteligencia estratégica y a la contrainteligencia, sin atribuciones de policía ni de control migratorio.
Sin embargo, conviene recordar que, mientras los gobiernos cambian, la inteligencia permanece, con sus respectivos aparatos y referentes atlánticos y sionistas.
Los gobiernos intermedios: Santos y Duque
Entre Uribe y Petro, Colombia tuvo dos presidentes de centroderecha.
Juan Manuel Santos (2010-2018): Santos, que había sido ministro de Defensa de Uribe, ganó las elecciones pero luego rompió con su mentor (teóricamente) para iniciar el proceso de paz con las FARC, que le valió el Premio Nobel de la Paz en 2016. Su gobierno estuvo marcado por fuertes polémicas políticas, pero no por escándalos de espionaje de la magnitud del DAS. Sus principales controversias fueron la reforma fallida de la justicia de 2012, los aumentos fiscales a pesar de las promesas en contrario, el paro nacional agrario de 2013 y la oposición furiosa del uribismo al proceso de paz. Durante su mandato, el narcotráfico cobró nuevo impulso: los cultivos de coca pasaron de aproximadamente 48.000 hectáreas en 2013 a unas 169.000 hectáreas en 2017, según la UNODC.
Iván Duque (2018-2022): Duque, candidato del partido de Uribe (Centro Democrático), representó un retorno a la línea dura. Su gobierno estuvo marcado por el estallido de fuertes protestas sociales en 2021, donde la represión provocó más de 40 muertos y cientos de heridos, generando un informe crítico de la CIDH. Además, en 2019 salió a la luz un caso de espionaje militar que involucró a más de 130 figuras públicas, entre ellas jueces, periodistas y políticos. Duque condenó las prácticas y apartó a 13 oficiales, pero el caso evidenció que el abuso de inteligencia no había desaparecido con la liquidación del DAS. En cuanto al narcotráfico, los cultivos de coca continuaron creciendo, alcanzando aproximadamente 204.000 hectáreas en 2020, según la UNODC.
Gustavo Petro: la izquierda en el poder y la continuidad de los escándalos (aunque no tan graves)
Gustavo Petro, elegido en 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia, representó un cambio histórico. Exmilitante del M-19, exalcalde de Bogotá, Petro prometió una "Paz Total" que contemplaba negociaciones con todos los grupos armados, incluido el narcotráfico, ofreciendo beneficios judiciales a cambio de la entrega y la "verdad". Su política, sin embargo, chocó con una realidad preocupante: según la UNODC, en 2023 los cultivos de coca alcanzaron las 253.000 hectáreas, el nivel más alto jamás registrado, con un aumento del 427% respecto a 2013.
El reorientamiento de la DNI y el escándalo "Papá Pitufo"
Petro ha reorientado la DNI hacia el interior del país, inyectándole un presupuesto un 79% superior al de 2022 y asignándole nuevas tareas para la "Paz Total", la lucha contra la corrupción y la protección presidencial. Sin embargo, este fortalecimiento ha generado fuertes críticas y desconfianza.
El escándalo más explosivo del gobierno de Petro ha sido el de "Papá Pitufo" (2025-2026), donde algunas grabaciones revelaron que los altos mandos de la DNI habían negociado en secreto con el abogado de Diego Marín, apodado "Papá Pitufo", un poderoso contrabandista conocido como el "zar del contrabando". El entonces director de la DNI, Jorge Lemus, se había reunido en 2025 con el abogado de Marín, Luis Felipe Ramírez, para negociar su entrega a la justicia, ofreciéndole presuntamente beneficios judiciales y la posibilidad de acogerse a la política de "Paz Total"; funciones que (teóricamente) no competen a la inteligencia sino a la Fiscalía (revelando el secreto a voces de que la justicia está subordinada a la inteligencia).
Las grabaciones revelan que al menos cuatro emisarios, entre ellos el catalán Xavier Vendrell, el hacker español Ramón Devesa González y el exasesor de la UIAF Isaac Beltrán, contactaron a Marín en nombre del presidente Petro. El abogado del contrabandista advirtió que su cliente poseía información que podía comprometer seriamente al Gobierno, amenazando con una posible "hecatombe". Devesa, en particular, fue encargado por Petro de filmar la escena de la devolución de 500 millones de pesos que Marín había donado a la campaña electoral, pero retuvo el video y pidió dinero a cambio, un intento de extorsión que llevó a su arresto en España el 27 de febrero de 2025.
El presidente Petro aseguró que los contactos buscaban que Marín se entregara para "decir toda su verdad", pero que el plan fracasó porque agentes de inteligencia intentaron pedir dinero a cambio. Según Petro, agentes de la DNI prometieron a Marín que no sería juzgado en Colombia a cambio de dinero, mientras que en Colombia decían que querían llevarlo para colaborar con la justicia. Lemus negó las acusaciones y afirmó que las reuniones fueron autorizadas por el presidente.
Petro denunció además que Marín había "infiltrado la DNI" y otras instituciones del Estado, incluida la Fiscalía. La Fiscalía abrió una investigación disciplinaria contra Jorge Lemus por este caso, que ha generado una grave crisis política a pocas semanas de las elecciones.
Otros escándalos de la DNI durante la Presidencia de Petro
Además de "Papá Pitufo", la DNI ha estado en el centro de otras polémicas durante el gobierno de Petro. Entre los casos más relevantes se destacan: el llamado caso de la "Inteligencia Chimba", en el que el presidente utilizó un supuesto informe de inteligencia para denunciar un fraude electoral que resultó ser un mensaje anónimo sin fundamento; la denuncia de que las disidencias de las FARC habían logrado infiltrarse en la DNI, obteniendo información reservada para eludir operativos militares; la revelación de que un periodista actuaba como intermediario informal con acceso directo a la DNI y a la Presidencia (otro secreto a voces); la acusación de que la DNI revisaba los currículos de los policías para decidir ascensos y pensiones (secreto a voces número tres), alimentando sospechas de una "depuración selectiva" dentro de la fuerza pública; y el caso en el que la DNI ocultó y protegió en un hotel de Bogotá durante 55 días a Willington Henao, alias "El Mocho Olmedo", un disidente de las FARC con orden de captura y solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. La Corte Suprema descubrió la irregularidad y la propia Fiscalía admitió no conocer el lugar de detención, ya que la DNI se había negado a revelarlo (2).
El papel de Estados Unidos en la geoestrategia del narcotráfico internacional
En todos estos escándalos, Estados Unidos ha jugado un papel ambiguo. Con Uribe, Washington fue el principal financiador de la lucha contra el narcotráfico y del fortalecimiento del DAS, pero cuando estalló el escándalo de las "chuzadas", el Congreso estadounidense congeló la ayuda y contribuyó a determinar la liquidación —aunque fuera de fachada— del organismo. Oficialmente, el Departamento de Estado concluyó que ni los fondos ni el personal estadounidense estuvieron implicados en las "chuzadas" o en el espionaje, pero la credibilidad de esta versión ha sido ampliamente cuestionada por las descaradas hipocresías, incongruencias y despropósitos tanto de los presidentes estadounidenses como de sus administraciones —sin considerar que Washington había proporcionado durante años tecnología, entrenamiento y apoyo logístico al DAS, haciendo poco creíble su falta de implicación en las actividades ilegales.
Además, el narcotráfico no solo no ha sido erradicado de Colombia, sino que ha sufrido una evolución: el debilitamiento de los grandes carteles de gestión centralizada y de los paramilitares organizados ha llevado a una fragmentación en grupos más pequeños y difíciles de rastrear, que han mantenido el control de las rutas de la droga y se han vuelto cada vez más dependientes de precursores químicos extranjeros, armas y tecnologías, de las que continúan abasteciéndose —vaya, vaya— incluso en las zonas más remotas de la selva y de las montañas.
La llamada "guerra contra el narcotráfico" llevada a cabo por las derechas colombianas se ha revelado, en los hechos, como una estrategia de reorganización del crimen organizado más que una auténtica lucha contra la droga. El objetivo no ha sido desmantelar el sistema del narcotráfico, sino reconfigurar los grandes carteles según criterios de funcionalidad a los intereses geopolíticos estadounidenses, ya que algunos carteles eran demasiado autónomos, mientras que otros estaban demasiado ligados a facciones consideradas "adversarias" por los nuevos halcones —o mejor dicho, buitres— de Washington (una lucha interna dentro de la secta atlántica por el control de los "títeres", en definitiva: progresistas contra conservadores, todas marionetas del atlantismo).
Los problemas centrales que justificaban dicha estrategia eran, por tanto:
1. La imprevisibilidad de los útiles idiotas;
2. El precio de la droga;
3. La distribución de dicho mercado en los países vecinos.
Un cartel demasiado poderoso o demasiado independiente podía, con un simple cambio de alianza o una reivindicación territorial, comprometer los equilibrios del mercado global de la droga y de la inteligencia, y hacer fluctuar en exceso el precio. Bastaba el capricho de un jefe de pandilla, en síntesis, para hacer saltar todo un intercambio droga-armas tan valioso para la OTAN, causando pérdidas millonarias y desencadenando reacciones en cadena entre los servicios de inteligencia internacionales, que de ese mercado son parte integrante y dependientes.
Para conjurar este riesgo, se optó, pues, por actuar en dos frentes: fragmentar el poder mediante la lógica del divide y vencerás, e infiltrar las organizaciones con agentes provocadores, dobles agentes y personal especializado, capaces de orientar las decisiones desde dentro.
En conclusión, la estrategia adoptada a partir de los años 90-2000 —en línea con lo observado en Italia y en Europa, desde la implosión de la URSS hasta hoy— ha sido la siguiente: de la vieja "marioneta", a la que se le concedía una discreta libertad de maniobra (y cierta distancia de los titiriteros por cuestiones de "seguridad"), se pasó al útil idiota, una pieza completamente inconsciente o fácilmente instrumentalizable (piénsese en los narcos enardecidos que publican fotos con ametralladoras en Facebook o en las mafias africanas que creen en ridículos rituales de vudú). Esto se debe a que a los nuevos dueños del mundo no les gustan los librepensadores y, en consecuencia, quienes toman decisiones por sí mismos, y menos aún si pertenecen a la mafia histórica, esa formada por mafiosos "convencidos", o por narcos que buscan adquirir demasiado poder con el mito de Pablo Escobar.
Recapitulando
La fragmentación de los grandes núcleos en grupos más pequeños, violentos y sin código de honor produjo —y sigue produciendo— milicianos extremadamente dependientes de la corrupción, las armas y el apoyo institucional y de inteligencia, a cambio del control territorial sobre las comunidades locales: tantos grupos criminales, en guerra entre sí, que campan a sus anchas en medio de la pobreza absoluta, y que son manipulables con muy poco gasto de recursos.
Este fenómeno —repetimos— se inscribe en un marco internacional, observable en Europa tras el colapso de la URSS, y en América Latina con un ligero y comprensible retraso.
El resultado final, a nivel mundial, ha sido el paso a un protocolo militar de criminalidad organizada fragmentada, compuesto por organizaciones más pequeñas, infiltradas por idiotas violentos, patológicos, ignorantes y con complejos napoleónicos, y por ello perfectamente manipulables. Cabe precisar que esos "útiles idiotas" se encuentran, sobre todo, en los cuerpos policiales y en los servicios de inteligencia, siendo esta estrategia especialmente válida para los aparatos de seguridad que, por fuerza, son proyección de la OTAN.
Economía de la droga. Conclusiones
En el decenio comprendido entre 2000 y 2010, el mercado global de la cocaína ha sufrido una profunda transformación, caracterizada por una redistribución geográfica de la oferta y por un cambio en los patrones de consumo.
La producción de coca en los tres países andinos ha registrado un descenso general. Según datos de la UNODC, el área total cultivada en la región ha bajado desde los picos alcanzados a principios del milenio hasta unas 158.000 hectáreas en 2009, lo que supone un descenso significativo respecto a los niveles máximos de 2000-2001. Este declive ha sido impulsado principalmente por Colombia, donde los cultivos se redujeron drásticamente desde unas 163.000 hectáreas en 2000 hasta unas 68.000 hectáreas en 2009, gracias a las políticas de erradicación forzosa implementadas durante el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, como señalan los informes de Naciones Unidas, la producción no ha desaparecido, sino que simplemente se ha desplazado: en el mismo período, Perú vio aumentar sus cultivos de manera constante, pasando de niveles inferiores a casi 60.000 hectáreas en 2009, lo que supone un aumento del 55% en comparación con una década atrás. Este fenómeno de redistribución, conocido como "efecto globo", ha impedido un colapso total de la oferta global, aunque ha modificado las dinámicas productivas (la tierra colombiana también necesita descansar, ¿no?).
Paralelamente, la demanda ha evolucionado de manera divergente. El mercado norteamericano, históricamente el más grande, ha mostrado tendencias contrastantes: mientras que algunos informes indican que el número de consumidores en Estados Unidos se estimaba en torno a los 6,5 millones en 2006, posteriormente se observó una tendencia decreciente. Por el contrario, el mercado europeo ha experimentado un crecimiento significativo. Según el World Drug Report 2006, los consumidores en Europa eran aproximadamente 3,5 millones, y proyecciones posteriores apuntaban a un incremento hasta superar los 4 millones hacia finales de la década. Aunque algunos análisis atribuían a Europa un valor de mercado creciente, llegando casi a igualar al de Estados Unidos en términos de relevancia estratégica, las estimaciones precisas sobre el valor económico en dólares (p. ej., 38 y 34 mil millones) varían según la metodología y no están corroboradas de forma homogénea por los documentos individuales de la UNODC consultados. No obstante, el desplazamiento de la demanda ha redefinido las rutas del tráfico internacional, con un incremento de las incautaciones en África Occidental y una mayor concentración del flujo hacia el continente europeo (3).
En pocas palabras...
1. ¿Han subido los precios de la droga? No, en términos reales los precios han disminuido. A pesar de la represión, el precio de la cocaína en Estados Unidos bajó de 210 dólares por gramo en 2003 a 135 dólares en 2006. Esta tendencia decreciente ha continuado: hoy el precio medio por gramo en Estados Unidos oscila entre los 60 y los 75 dólares, casi la mitad de lo que costaba hace cinco años. Esto indica que la oferta se ha mantenido abundante a pesar de los descensos de producción locales, gracias al aumento de la productividad de los cultivos, la diversificación de las rutas y la industrialización de la producción. Sin embargo, es importante señalar que la disminución de los precios no es uniforme a nivel global: en Asia y Oceanía los precios pueden superar los 150.000 dólares por kilogramo, mientras que en Colombia, país productor, un kilo cuesta alrededor de 1.900 dólares.
2. ¿Ha aumentado la producción total de cocaína? Sí, a largo plazo ha aumentado de manera significativa, a pesar de la reducción local en Colombia durante los años 2000-2010. La producción global ha alcanzado niveles récord: según la UNODC, en 2023 la producción de cocaína alcanzó las 3.708 toneladas. En Colombia, la producción potencial aumentó un 53% respecto al año anterior, confirmando que el país sigue siendo el principal productor mundial. Este aumento se alimenta de un "círculo vicioso" entre demanda y oferta: la mayor disponibilidad en Europa ha hecho bajar los precios, estimulando aún más el consumo.
3. ¿Se ha erradicado el problema de las bandas criminales en Colombia y América Latina? No, en absoluto. El problema se ha transformado y agravado. La fragmentación de los grandes carteles en grupos más pequeños y violentos (las "Bacrim" en Colombia) ha hecho que el crimen organizado sea más generalizado, más difícil de controlar y más letal para la población civil. Estos grupos se han diversificado en extorsión, minería ilegal, tráfico de migrantes y control territorial, haciendo que la violencia sea endémica en muchas regiones.
4. ¿Ha seguido siendo Colombia el primer productor mundial de cocaína desde los años 2000? Sí, Colombia se ha confirmado constantemente como el primer productor mundial de cocaína desde los años 2000 hasta hoy, con una aceleración impresionante en la última década que ha llevado la producción a niveles nunca antes vistos.
A principios de los años 2000, Colombia ya era el principal productor mundial, con una producción que alcanzaba las 690 toneladas en 1999, que bajó a 440 toneladas en 2003, al inicio del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, la tendencia a la baja se revirtió rápidamente, dando lugar a un aumento sin precedentes. En la década de 2010, la producción comenzó a repuntar de manera constante: en 2013 se contabilizaban 290 toneladas, que se dispararon a 1.053 toneladas en 2016, para superar las 1.100 toneladas a partir de 2018 en adelante.
Hoy nos encontramos ante cifras récord: la producción potencial de cocaína alcanzó las 2.664 toneladas en 2023, con un incremento del 53% con respecto a 2022. En 2024, según los datos de la UNODC publicados por la prensa, la producción superó las 3.000 toneladas, alcanzando exactamente 3.001 toneladas, lo que supone un aumento del 12,6% respecto al año anterior.
Paralelamente, los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en 2013 a 253.000 hectáreas en 2023 (un incremento del 10% respecto a 2022), para alcanzar luego 261.000 hectáreas en 2024, lo que supone un aumento del 3% respecto al año anterior. Estos datos confirman que Colombia no solo mantiene el primer lugar mundial, sino que lo ha amplificado de forma exponencial.
Aclaración importante: El gobierno colombiano, en controversia con Estados Unidos, ha cuestionado las cifras de 2024, argumentando que incluyen 80.000 hectáreas abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 hectáreas en transición hacia cultivos lícitos. El presidente Petro ha declarado que el aumento real de los cultivos en 2024 habría sido solo del 3%. Sin embargo, la UNODC ha confirmado la validez metodológica de sus datos y la tendencia general sigue siendo inequívoca: Colombia continúa siendo el primer productor mundial, con una producción en fuerte crecimiento (4).
Conclusiones
Honduras está firmemente ligado a Colombia y, por extensión, a Europa, en particular, como veremos, a Italia y a España.
El Honduras Gate representa uno de los tantos escándalos que atestiguan la existencia de una guerra entre sistemas criminales atlánticos, cuyos enfrentamientos se llevan a cabo bajo el amparo de las diversas "Manos Limpias", es decir, a través de fiscalías y tribunales corruptos, al servicio de corrientes ora "democráticas" ora "conservadoras", todas ellas internas al macrocosmos atlantista (C.I.A. y F.B.I.). Sirva como ejemplo las recientes revelaciones – ilícitas – sobre la sesión secreta de Zapatero, o la hipótesis (¿o acusación?) del juez Peinado – conocido acusador en serie de la familia Sánchez – según la cual los policías que escoltan a la esposa del presidente español podrían facilitar su posible fuga (¿pero de qué? Ya que rige la presunción de inocencia...).
Episodios similares revelan la desesperación del sistema criminal atlántico frente al avance del multipolarismo, y los intentos – tan torpes como frenéticos – de arremeter con todos los medios contra todo intento de paz, distensión y construcción de un orden multipolar que se oponga a la guerra y a la hegemonía atlantista (el presidente Petro tiene excelentes relaciones con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, saquen ustedes sus propias conclusiones).
Honduras, en efecto, estaba en el punto de mira de la financiación china: una atención que podría haber desvinculado a Centroamérica y el Caribe del juego atlántico; un pecado mortal, en conclusión, que había que – y hay que – castigar con la muerte. Y las filtraciones del Honduras Gate, la confirmación de nuestro testimonio, y el vínculo con los sistemas de espionaje italianos e israelíes constituyen una conexión de hechos, y no de opiniones, que prueban cuanto publicó vuestro autor en 2022, así como la existencia de la "derecha internacional", en realidad "neoconservadores" de la política de guerra.
*******************
