La persecución judicial y la represión social —ejecutadas con métodos para-mafiosos— alcanzan a todo aquel que ose criticar las derivas sionistas y filoatlánticas de una clase política corrupta y rendida ante jueces maleables y servicios de seguridad cómplices. Dicho sistema maneja la "guillotina judicial": acusaciones hechas a medida, pruebas falsificadas y una campaña sistemática de ostracismo orquestada por influencers de tufo neonazi, no pocas veces con trastornos psiquiátricos certificables y frecuentaciones inquietantes en los circuitos de la pedofilia internacional (Epstein).
La cumbre de la OTAN en Turquía marcó, además, un nuevo salto cualitativo: Francia y Alemania, en posición dominante, han declarado abiertamente la "guerra" a Rusia —y no solo en sentido metafórico—, anunciando su intención de reforzar sus capacidades nucleares para, después, concentrarse contra China.
Es en este preciso contexto cuando ha estallado una ola de desinformación y acusaciones —también contra quien suscribe— de ser espía ruso, agente iraní, chivato chino y, con el avance de la confusión mental de Donald Trump (que ya mezcla a Putin con Zelenski y a Japón con Irán), vete a saber qué nuevas etiquetas inventarán contra nosotros, activistas antiatlánticos comprometidos contra la ocupación de la OTAN.
En este escenario, España es el país que ha pagado el precio más alto, acumulando un sinfín de "casualidades" y mala suerte (¿será Trump un gafe?): trenes descarrilando una y otra vez, apagones masivos, servicios estratégicos colapsando, incendios descontrolados... todo ello cada vez que Trump amenazaba a Madrid por su negativa a abonar el infame 5% para la "protección" de la Alianza Atlántica. Una extorsión en toda regla, sobre todo si se tiene en cuenta que la OTAN es una organización criminal y terrorista, de talante esotérico, dedicada a desestabilizar gobiernos, plantar explosivos, traficar con armas y drogas, y pisotear la soberanía de los pueblos libres.
¿Por qué justo ahora? ¿Y por qué contra el comité de apoyo a Irán "Iranekin Bat"?
Poco antes de la discutida victoria en el Mundial de fútbol y del apretón de manos entre Sánchez y Trump, demasiado fraterno, casi de cofradía, el presidente estadounidense anunció haber alcanzado una pacificación con su homólogo español, declarando:
"Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado".
¿Qué se esconderá detrás de ese "regalo"? Quién sabe. Pero el arresto y la imputación de activistas proiraníes y palestinos en el mismo momento, o las acusaciones por hackeo ruso y espionaje chino, con amenazas de muerte y exposición de las personalidades que más pueden amenazar las políticas terroristas sionistas y estadounidenses, encajan perfectamente, como contrapartida, en una lógica de intereses a largo plazo.
Que Sánchez esté en una guerra de "Mani Pulite" orquestada, como siempre, por la CIA, no sorprende. Y las numerosas amenazas de muerte recibidas, procedentes también de las secciones traidoras del CNI, que no dudaron en fotografiarle a él, a su mujer, a su hija y a sus "socios" en momentos privados, en Marruecos y en otros lugares, filtrando información reservada —como la comparecencia de Zapatero, que se filtró en tiempo récord a ciertos periódicos al servicio de Israel y de los servicios secretos ingleses— lo confirman.
Y es en este contexto en el que cabe mencionar al Comité de Apoyo a Irán de Bilbao (Iranekin Bat), formado por chicos valientes, de los cuales, recientemente, dos de ellos han sido objeto de arresto e investigaciones por su "vínculo" con la Resistencia por parte de la Audiencia Nacional, aunque actualmente se encuentren en libertad (¡y eso que son unos peligrosos terroristas!).
¿El poder judicial es rehén de Israel?
Que el poder judicial en los países europeos ha ocupado el lugar de la política, lo hemos descrito perfectamente en nuestra serie de artículos, y al respecto existe lo más granado de las publicaciones. Y, estudiando la historia no solo de Italia, somos perfectamente conscientes de que la cobertura proporcionada a los tejemanejes del atlantismo y del sionismo, no solo por la política, sino también por el mundo judicial, ha sido directamente proporcional a la infiltración de estas dos metástasis en el seno de la sociedad. Por lo tanto, nada nos sorprende en un continente permanentemente sometido al chantaje de las bases de la OTAN y de los auténticos terroristas: los que entrena la CIA y el Mossad.
Una nueva investigación de Amnistía Internacional del 9 de julio de 2026 denuncia que, entre 2017 y 2020, decenas de activistas, periodistas, políticos y abogados del entorno independentista catalán fueron espiados con los programas Pegasus y Candiru en el marco de la operación conocida como Catalangate: una violación masiva de la privacidad, de la libertad de expresión, del derecho de asociación y de la defensa legal. Según el informe, la Fiscalía General del Estado ha obstaculizado durante seis años las investigaciones en diez causas judiciales analizadas, caracterizándose por la inacción, el obstruccionismo al denegar las diligencias solicitadas por las víctimas y la revictimización, obligándolas a entregar sus teléfonos a la policía (potencial cliente de NSO), exponiendo de nuevo su intimidad.
Los obstáculos concretos incluyen el secreto de Estado, con la normativa reguladora del CNI y la Ley de Secretos Oficiales que bloquean el acceso a la información, y las comisiones rogatorias internacionales, cuya falta de respuesta se utiliza como excusa para archivar sin que la Fiscalía promueva investigaciones alternativas. Amnistía exige a la Fiscalía que apoye a las víctimas, investigue el funcionamiento de Pegasus y la complicidad del CNI y de NSO, y deje de cargar a las víctimas con la carga de la prueba; a las autoridades españolas, en cambio, les exige la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa del CNI para garantizar controles judiciales, la prohibición del uso, compra y venta y transferencia de estos programas espía, y la colaboración con el comité PEGA, la ONU y el Consejo de Europa.
Los testimonios recogidos describen angustia por el futuro y denuncian un efecto disuasorio: el espionaje no solo sirve para vigilar, sino para paralizar y silenciar la disidencia, creando un clima de miedo generalizado.
Tel Aviv y la injusticia de Estado
El escándalo de espionaje que afectó al Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas —y a muchos otros— ha sido objeto de un importante procedimiento judicial en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha archivado en dos ocasiones el caso Pegasus, que investigaba la infección de los terminales de los cuatro altos cargos del Gobierno, ocurrida —según el CNI— entre 2020 y 2021. El primer archivo se remonta a julio de 2023, pero el juez reabrió el caso unos meses después para evaluar la información procedente de la investigación francesa sobre el uso de Pegasus contra miembros del Gobierno galo, ministros, diputados, periodistas y ONG. Sin embargo, de dicha investigación no surgieron nuevos elementos útiles para determinar el autor del espionaje, lo que llevó al magistrado a decretar el segundo y definitivo archivo el 22 de enero de 2026. La motivación principal fue la persistente falta de colaboración de Israel, que no ha respondido a las comisiones rogatorias internacionales enviadas, ampliadas y reiteradas en los últimos años, impidiendo interrogar al director ejecutivo de NSO Group y acceder a la información necesaria para atribuir la responsabilidad a personas físicas. En su auto, el juez denunció que la falta de ejecución de las rogatorias por parte de Israel impedía investigar la atribución de responsabilidad, lo que derivaba en un archivo provisional por autores no identificados, y subrayó cómo esta conducta quiebra el equilibrio de la cooperación internacional.
La denuncia de Amnistía
Precisamente por estos motivos, Amnistía Internacional ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el caso Pegasus en España y, en lo que respecta al denominado Catalangate, ha denunciado públicamente el papel de la Fiscalía General del Estado. Según la organización, esta ha obstaculizado las investigaciones judiciales durante seis años sobre el uso de programas espía.
Amnistía ha hablado explícitamente de inacción, obstrucción y revictimización por parte de la Fiscalía española, que ha paralizado las investigaciones sobre diez casos distintos sin que ninguno haya llegado nunca a juicio. La organización también ha denunciado que las actividades del CNI corren el riesgo de desarrollarse en total impunidad, debido a una regulación demasiado laxa para prevenir abusos, y ha señalado la ausencia de un control judicial efectivo sobre el Centro Nacional de Inteligencia; y que Pegasus y programas similares son, en definitiva, tan invasivos que hacen imposible un uso adecuado de los mismos (y las evidencias son innumerables).
¿A quién beneficia?
Sin duda, a Tel Aviv y a sus "clientes". Y cuando decimos "Tel Aviv", decimos el Mossad: proveedor de licencias para las empresas israelíes de spyware y, por tanto, para el uso de estas tecnologías por parte del Servicio Secreto español —primer comprador de Pegasus en Europa. Una herramienta empleada tanto para espiar ilícitamente a los "enemigos" internos, como contra los máximos dirigentes españoles en los momentos de mayor fricción institucional.
¿Podría el caso español seguir el modelo del colombiano, donde la política fue desbordada y los contratos de compraventa se cerraron directamente entre esferas militares y de inteligencia, en detrimento del control civil? Todo es posible, especialmente en un país que denuncia abiertamente a Israel como Estado genocida, a pesar de haber "comprado" sus tecnologías —tecnologías luego empleadas más contra activistas, periodistas y "enemigos" políticos que contra verdaderos terroristas y con fines de protección democrática.
Al respecto, recomendamos nuestra investigación:Honduras Gate (Parte 4) — "The Italian Job Connection": Hacking, espionajes y procesos en los cajones made in "Mani Pulite", 12 de julio de 2026 —
El caso de Alain
Pero la historia no termina aquí. Alain, un joven activista y portavoz de izquierdas del Comité, ha sido recientemente objeto de una campaña de difamación coordinada por personajes vinculados a la extrema derecha y a Israel. Lo han acusado, con falsedades y de forma repentina, de ser un "terrorista" y un "etarra", sosteniendo que mantenía vínculos con ETA. Las acusaciones, claramente instrumentales, lanzadas por opinadores y youtubers de extrema derecha, le imputan haber participado en la paliza a un menor durante los enfrentamientos relacionados con las tensiones entre el País Vasco y el centralismo español.
La "coincidencia" de una represión tan dirigida y repentina no es en absoluto casual, especialmente si se lee a la luz de los siguientes acontecimientos:
· Las denuncias de su autor respecto a la preparación de atentados false flag por parte de la extrema derecha española contra hospitales ibéricos e italianos, falsamente atribuidos a hackers rusos (donde encontramos a agentes sionistas – y con tecnología muy probablemente sionista – "soplando" información al FBI, accediendo impunemente a las bases de datos de Europol y del FSB ruso);
· La paliza a un activista de la Freedom Flotilla por parte de la policía vasca en el aeropuerto de Bilbao, mientras este, recién regresado del cautiverio israelí y tras haber sufrido innumerables torturas, había intentado abrazar a sus familiares;
· La preparación de una campaña de descontento en el norte de España dirigida contra los grupos de apoyo a Gaza, con infiltración mediante agentes provocadores en su conjunto, que no hacen más que tomar fotos y grabar vídeos para intentar "incriminar" y manipular la realidad de los hechos (un claro protocolo militar de las Stay Behind);
· Una campaña difamatoria orquestada desde el entorno sionista contra el Comité, poco después de los arrestos de sus dos figuras más destacadas y antes de la llamada "paz" entre Pedro Sánchez y el inestable Donald Trump, y contra toda voz crítica que ponga de manifiesto las contradicciones de la política española, del poder judicial y de la infiltración atlántica y sionista en las esferas de la sociedad (sin olvidar la cumbre de la OTAN en Turquía, y la retahíla de despropósitos en materia de hackers y espías vistos, prácticamente, por todas partes).
Por todas estas razones, expresamos nuestra plena solidaridad con Alain, víctima de una acusación infamante y pretextual.
Nota bene
El aumento de la atención sobre el Comité de Apoyo a Irán, comprometido con la promoción de la paz y la solidaridad con el pueblo iraní, no es en absoluto casual. Ya es evidente la presencia de agentes provocadores infiltrados, dispuestos a filmar y fotografiar escenas manipuladas para difundirlas a través de redes sociales mediante canales cómplices, alimentando así una espiral de mentiras. El propio autor ha señalado en múltiples ocasiones el riesgo de infiltraciones sionistas en grupos activistas del Norte, especialmente en Bilbao, con el objetivo de organizar false flags y acusar a los "herederos de ETA" y a los "separatistas" de colusiones con el terrorismo palestino.
Por lo demás, la deriva española sigue fielmente el modelo de la italiana bajo el vergonzoso gobierno de Meloni, donde se registra el nivel más bajo de libertad de expresión desde el Ventenio (fascista) hasta hoy, acompañado de una trágica cadena de muertes entre agentes de los servicios secretos, fuerzas del orden, antimafia, antiterrorismo y periodistas.
¡Resistid, chicos! ¡No terminéis como nosotros!
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