Chris Barlati
Sánchez, novato torpe de la política, está ya al borde del abismo. Aislado de los prudentes consejos de Zapatero – quien, a su vez, ha sido recientemente sacudido por un artificioso y grotesco procedimiento judicial urdido en Estados Unidos y guardado durante años en los cajones de su (in)justicia – el presidente español deambula desorientado, impotente ante los chantajes de Marruecos y Estados Unidos, incapaz de tejer mensajes de distensión o siquiera de esbozar un amago de reacción; elocuente señal del bagaje y el ingenio que distinguen a los incondicionales que lo rodean.
La corrupción endémica que serpentea en los aparatos gubernamentales, las fricciones internas en la policía, los servicios de inteligencia y el poder judicial – estructuras ya permeables a los intereses atlánticos y fracturadas entre las enfrentadas facciones conservadoras y progresistas – no constituyen ciertamente una novedad, como demuestran a diario los escándalos que pueblan las crónicas.
No obstante, el actual panorama internacional representa un trance que el abajo firmante, Chris Barlati, ya había previsto y denunciado al propio Sánchez – o, cuando menos, a sus más estrechos colaboradores, así como a las instituciones de inteligencia y policiales encargadas del escrutinio permanente de las comunicaciones. El escándalo de la llamada "Fontanera" – conocido también como "caso Leire" – involucra al abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán, y a Leire Díez (la "fontanera"), ambos investigados por el juez Pedraz por presuntamente orquestar maniobras destinadas a obstaculizar investigaciones contra el PSOE.
En ese contexto, las filtraciones revelaron que Teijelo se refería –al parecer– a Luis Pérez (alias Alvise) como "este es amigo" y lo convocaba a reuniones en la fiscalía del Estado. En esos encuentros se habría hablado de "cibervoluntarios" –expresión que algunos vinculan a un tal Román– y de estrategias ocultas; hay quien, incluso, especula con la posibilidad de que se tratara de hipotéticos "arreglos de procesos" para salvar el cuello a ciertos personajes, quizá a cambio de información exfiltrada con Pegasus (nada confirmado, vox populi).
La 'defensa' de Alvise Pérez, sin embargo, ha sostenido que el término "amigo" no se refería a él, sino a ese Román que también aparece en las conversaciones. Pero los audios filtrados y el conjunto de las comunicaciones no hacen sino evidenciar el vínculo entre el letrado y Pérez, así como la naturaleza cuando menos discutible de unas reuniones que, a todas luces, resultan controvertidas.
Pérez, conocido megáfono del anglosionismo, ha solicitado además constituirse como acusación particular en el procedimiento, considerándose víctima de una persecución por parte de la presunta trama. Las noticias confirman que Teijelo y Díez se personaron juntos en la Fiscalía, reuniéndose con el teniente fiscal Diego Villafañe en dos ocasiones distintas (marzo y abril de 2025), y que el PSOE abonó al letrado cuantiosas sumas – en total 125.000 euros, de los cuales 75.000 corresponden a la primera factura – por servicios de análisis judicial, con algunas facturas no registradas en la contabilidad oficial. Circunstancias, estas, que no hacen sino corroborar las tesis de mis investigaciones y las consiguientes denuncias. Tesis por las cuales, no obstante, se me tacha, injustamente, de filorrusismo o de oscuros vínculos con el hacking, cuando en realidad los verdaderos "cibervoluntarios" – los mencionados en los encuentros – orbitan en otra esfera, quizá al servicio del Mossad y la OTAN, en un contexto aún bajo investigación, donde se presume que ciertas figuras se reunían para concertar estrategias ocultas. Y el "malo", curiosamente, sería yo, que me limito a denunciar infiltraciones y atentados. ¿Debería crear también yo un partido populista, venderme al MI6 a cambio de unas criptomonedas, ingresar en la masonería y gritar a los cuatro vientos que soy perseguido? No: prefiero conservar mi dignidad.
Volviendo a nuestro discurso, la prolongada ausencia de Sánchez de la escena pública – interrumpida únicamente por mensajes empalagosos, listas de reproducción veraniegas y fotografías mal retocadas, así como por la posterior y risible entrevista en la Cadena SER – pone de manifiesto todo su déficit comunicativo. Dirigirse a un electorado que adora al Presidente por su estética y que, en algunos casos, se caracteriza por tremendas patologías psiquiátricas efebofílicas, propias de degeneradas categorías falsamente presentadas como feministas y homosexuales, en lugar de apelar a la noble herencia socialista de paz y diplomacia, constituye el síntoma de un embarazoso vacío político. Pero es sobre todo en el frente internacional donde el presidente exhibe su sumisión y su carencia de visión innovadora – tanto la suya como la de los comunicadores sobrepagados que lo asesoran, sin resultado concreto alguno. Acusar a Rusia, omitir el papel desestabilizador de Italia y Estados Unidos y exculpar a la dictadura marroquí constituyen un mensaje tan aberrante como revelador, que ha sacudido incluso a la extrema derecha, más por el silencio que por las palabras efectivamente pronunciadas. Sánchez, abjurando de la realidad y alineándose con la retórica histérica de una Unión Europea en manos de los poderes económico-militares – desde Bill Gates hasta las multinacionales farmacéuticas y bélicas – se limita a contemporizar, alimentando indirectamente una falsa campaña del ala ultra militar de alarmas hacker y atentados rusos y chinos que, como se ha demostrado, son manifiestamente artificiosos.
Y aquí se inserta el punto crucial: el FBI y Europol, con las debidas excepciones, lejos de ser baluartes de la legalidad, figuran más bien como centros de poder putrefactos y sumamente corruptos, que desde hace años manipulan –consciente o inconscientemente, con ingenuidad o con malicia– a los cuerpos policiales españoles, así como a los respectivos agentes de las propias agencias. Las instituciones ibéricas, sacudidas por un goteo incesante de escándalos, ya no gozan de la confianza ni de la credibilidad de buena parte de la ciudadanía. El poder judicial y los servicios de inteligencia han quedado reducidos, en el peor de los casos, a meros engranajes de las facciones en pugna dentro de la alianza atlántica – fracturas que enfrentan a progresistas y demócratas, pero que nada tienen que ver con Moscú o Pekín (¿acaso Facebook y WhatsApp son rusas, querido Sánchez?).
Por fin, aunque en voz baja, una pequeña pero lúcida parte de la ciudadanía ha comprendido que las continuas filtraciones de documentos, los apagones y los "incidentes" –como el de Adamuz– no son fruto de la mala suerte crónica ni de la corrupción, sino el reflejo de las guerras intestinas entre las potencias occidentales, que se prefiere enterrar para no abrir la caja de Pandora de los verdaderos atentados y de las auténticas desestabilizaciones, urdidas por los enemigos de Madrid y de sus estrategias multipolares.
Concluyendo, presento este borrador de denuncia – en la plena conciencia de las variables en juego, incluida la eventualidad de una acción lúcida y ponderada por parte del propio Sánchez – a quienquiera que desee utilizarlo, sin ceder jamás al fanatismo ni a la presunción de una verdad absoluta, a diferencia de tantas marionetas al servicio de la inteligencia anglosionista, que muestra clamorosas limitaciones para distinguir entre los conceptos de probabilidad y posibilidad.
He leído las peticiones de las asociaciones españolas, pero las considero estériles y carentes de los argumentos verdaderamente necesarios para ser sometidas al escrutinio de un poder judicial que, cabe esperar, conserve todavía un atisbo de independencia. Este mensaje va dirigido a políticos, activistas, cuerpos policiales y poder judicial, allí donde aún existan figuras no contaminadas.
Si alguien posee realmente los datos de Pegasus exfiltrados a la clase dirigente española (toda la clase dirigente: empresarios, jueces/fiscales, servicios de inteligencia y jefes de los distintos cuerpos policiales) y teme publicarlos, que me los envíe: sabré evaluar su autenticidad con la máxima discreción –interceptaciones aparte– y con la profesionalidad periodística que he depurado con el método antimafia. No se trata de recurrir a presuntas técnicas de análisis, por otra parte en manos de unos pocos programas y empresas israelíes; los datos obtenidos con Pegasus y herramientas afines son, por su propia naturaleza, ilícitos y poco fiables –nadie se atreve a decirlo–, ya que infiltración, exfiltración y manipulación proceden a la par con el uso mismo de esos sistemas. Por lo demás, hoy los vídeos generados por inteligencia artificial suelen resultar más verosímiles que la propia realidad a la que pretenden representar. Quien me conoce sabe que no me dejo arrastrar por el sensacionalismo y que, como demuestran las investigaciones, ninguna agencia o potencia extranjera puede presumir de tener el poder de manipularme. Y si tuviera que mandar a alguien a recoger fresas con los glúteos en un campo de ortigas –fuera un rey, un presidente o el jefe del más temible servicio secreto, privado o estatal– lo haría con respeto y firmeza, pero inquebrantable en la convicción de que, como solía decir Bettino Craxi, "mi libertad equivale a mi vida".
P.D.: Querido presidente Pedro, si tiene algo que decir, hágase entrevistar.
Email: jk9lmbm1p@mozmail.com
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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO
D./Dña. [NOMBRE Y APELLIDOS], mayor de edad, con DNI número [], domicilio a efectos de notificaciones en [CALLE, NÚMERO, CIUDAD], y correo electrónico [], comparece ante esta Sala y, como mejor proceda en Derecho, presenta el siguiente ESCRITO DE PUESTA EN CONOCIMIENTO (BORRADOR TEÓRICO) respecto a determinados hechos y elementos de contexto que afectan a la seguridad nacional y a la figura del Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a los efectos que el Tribunal estime oportunos.
I.- RELATO DE HECHOS Y ELEMENTOS CONTEXTUALES
Primero. – En el marco de la crisis diplomática y migratoria acontecida en la frontera de Ceuta, se produjo un movimiento táctico de efectivos militares españoles hacia dicha zona, lo que, según fuentes y análisis de contexto, pudo haber reducido la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en el territorio peninsular durante ese período. Este hecho se enmarca en un contexto de tensiones geopolíticas más amplias que afectan a la región.
Segundo. – Durante la última semana de agosto, y a través de periódicos y revistas vinculadas al entorno ultramilitar, se desplegó una campaña de alarmas inusuales sobre actividad rusa que podría perjudicar a España, supuestos ataques de hackers de origen chino y movimientos de la flota rusa en el Mediterráneo. Esta parte pone de manifiesto la contradicción estratégica de dichas alarmas, puesto que España mantiene históricamente relaciones comerciales y diplomáticas fluidas con Rusia y China, mientras que los países que han proporcionado apoyo tecnológico, inteligencia y armamento a Marruecos en los últimos años son, según la información disponible, Reino Unido, Francia, Israel, Estados Unidos e Italia, no así Moscú o Pekín. Dicha contradicción permite plantear la hipótesis de que estas alarmas podrían responder a una lógica de "mensaje mafioso" o de desinformación orquestada.
Tercero. – En el mismo contexto temporal, ha tenido lugar el denominado "caso Jabaroot", relativo a la presunta revelación de 70.000 nombres relacionados con inteligencia. El activista en cuestión manifestó inicialmente su intención de hacer un "regalo a Madrid", para posteriormente virar hacia declaraciones de tono amenazante contra el Presidente del Gobierno. La naturaleza de este episodio, así como sus conexiones con las alarmas anteriores, no han sido esclarecidas oficialmente, lo que abre la posibilidad de que existan grupos de interés transnacionales que utilicen a Estados y a sus líderes, y a falsas banderas, como piezas en sus dinámicas de poder, al margen de las divisiones políticas tradicionales.
Cuarto. – El Presidente del Gobierno, durante la primera comparecencia televisiva sobre los hechos de Ceuta, ha aludido a múltiples actores sin precisar responsabilidades individuales, señalando en particular a actores de procedencia rusa e israelí, cuya vinculación con sus respectivos gobiernos no resulta atribuible, aunque tampoco procede descartar una eventual interconexión entre ellos —conexión incierta, cuando no indemostrable—; extremo al que se suma la presencia de la ultraderecha internacional, sin que en dicho ámbito se cite a Estados Unidos, al tiempo que se descarta, prima facie, cualquier implicación de la dictadura marroquí. Dichas imputaciones generalizadas parecen orientarse a transmitir un mensaje adicional de distensión hacia el espectro demócrata estadounidense, en un contexto convulso signado por alarmas sobre amenazas y ataques rusos de escasa verosimilitud, casi como si se tratara de reafirmar el inquebrantable compromiso con Europa.
En este marco, las declaraciones difundidas a través de una cadena manifiestamente próxima al Ejecutivo, efectuadas transcurrido un prolongado lapso desde los sucesos de Ceuta —esto es, en plena fase de eventual preparación al más mínimo detalle—, no hacen sino robustecer la percepción de una estrategia comunicativa minuciosamente orquestada. No obstante, tales acusaciones discrepan de las versiones oficiales del CNI, de la Policía e incluso de la postura mantenida por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Cabe añadir que la información relativa a la presencia de secciones mercenarias y unidades especiales en territorio nacional había sido trasladada a los órganos competentes con varios meses de antelación; entretanto, se han visto incrementadas las sospechas acerca de una acción coordinada, cuyas evidencias, llegado el momento, podrían ver la luz.
La confusión generada ofrece visos de intencionalidad – y de no ser así, revestiría una gravedad mayúscula – o, cuando menos, resulta interpretable como una muestra de desesperación por parte del denunciado.
Quinto. – Se plantea la hipótesis de que el Presidente del Gobierno pudiera estar actuando bajo algún tipo de coacción. En este sentido, cabría diferenciar entre dos posibles escenarios: si hubiera actuado bajo coacción para proteger la razón de Estado, lo habría hecho por motivos de seguridad nacional, anteponiendo el interés colectivo a cualquier consideración personal; si, en cambio, hubiera actuado únicamente por razones de seguridad personal, habría antepuesto posibles escándalos – quizás de índole sexual o relacionados con su esfera privada – a la seguridad del Estado, lo que supondría una grave desviación de sus deberes constitucionales.
Sexto. – Resulta indiscutible, a la vista de la información disponible, que el denunciado ha recibido amenazas contra su familia, su hija y su esposa, con filtraciones que, según indicios, podrían tener su origen en los servicios de inteligencia, como demuestran las numerosas filtraciones de información que han tenido lugar en los años pasados. La existencia de estas amenazas y filtraciones constituye un elemento objetivo de presión que debe ser tenido en cuenta para valorar el margen de actuación real del denunciado.
Séptimo. – Cabe hipotetizar que las acusaciones formuladas por el Presidente del Gobierno podrían encajar en una estrategia de confusión cuyo objetivo sería contrarrestar a la opinión pública y procurar el respaldo del sector demócrata estadounidense, en un período de lucha interna manifiesta entre las distintas facciones geopolíticas —anti y prochinas, anti y proiraníes, anti y prorrusas, anti y promarroquíes— que pugnan por influir en la política exterior española. Sánchez no ha manifestado explícitamente su intención de ganar tiempo, pero su comportamiento resulta interpretable como una posible voluntad de dilación, de cara a la emergencia internacional, alcanzando, quizás, una neutralidad consciente, tal vez con la percepción de que el verdadero poder tras la administración estadounidense podría residir en actores israelíes. Ceuta, en efecto, se inscribe en un conflicto de dimensiones más amplias. El objetivo de dicha estrategia, según la hipótesis planteada, podría ser contentar a todos para no defraudar a nadie, incluso a costa de "desmembrar" el Ejecutivo y simular fricciones internas que alimenten un clima de aparente inestabilidad, quizás deliberadamente orquestado. Esta actitud resulta especialmente llamativa en un momento de máxima tensión geopolítica, cuando numerosos analistas sitúan a Europa al borde de un conflicto de gran escala. Se plantea la hipótesis de que España, por su posición geopolítica y su peso económico, podría desempeñar un papel crucial en la desescalada de la situación, sin que hasta la fecha se hayan observado movimientos oficiales en esa dirección, más allá de las declaraciones confusas y las acusaciones genéricas del denunciado. Cabe preguntarse si nos hallamos ante una estrategia de desestabilización cuyo último fin sea la estabilización.
II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera. – Los hechos descritos, en caso de ser contrastados y probados, podrían ser examinados a la luz de diversos tipos del Código Penal (como prevaricación, negociaciones prohibidas o delitos contra la seguridad nacional), siempre que concurrieran los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la ley.
Segunda. – Asimismo, la eventual concurrencia de coacciones externas o de una situación de miedo insuperable (art. 20.6 del Código Penal) o de estado de necesidad (art. 20.4) es una cuestión que corresponde en exclusiva al Tribunal valorar, en función de las pruebas que se puedan recabar, sin que esta parte se pronuncie a favor ni en contra de su aplicación en el presente supuesto.
Tercera. – La existencia de campañas de desinformación, de falsos escándalos mediáticos o de presiones extranjeras no exime ni agrava per se la responsabilidad de un cargo público, sino que debe ser objeto de investigación para determinar si el margen de actuación del gobernante quedó anulado o si, por el contrario, disponía de alternativas legales y proporcionadas para actuar.
Cuarta. – La contradicción advertida entre las declaraciones del denunciado y las versiones oficiales del CNI, de la Policía y del Ministerio del Interior suscita serias dudas acerca de la coherencia y transparencia de la acción gubernamental, extremo que podría resultar relevante a los efectos de valorar la eventual existencia de un delito de desobediencia, de traición a la patria —en sus diversas manifestaciones típicas— o de revelación de secretos, en función de cómo se acrediten los hechos en sede judicial.
Quinta. – La estrategia de confusión descrita, así como la posible instrumentalización de las amenazas recibidas para justificar una actuación irregular, deberían ser objeto de investigación a fin de determinar si existe un patrón de conducta que pueda afectar a la seguridad nacional o a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como si podría inspirar manipulaciones de naturaleza terrorista por parte de potencias extranjeras en daño del Estado y de los ciudadanos, máxime cuando el terrorismo de ETA fue instrumentalizado durante largo tiempo por los servicios secretos franceses en función antiespañola.
Sexta. – Cabe considerar, asimismo, la eventual responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido los responsables de los cuerpos de seguridad del Estado —Policía, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia— por su posible omisión del deber de actuar con la diligencia e inmediatez exigibles ante una amenaza de la entidad y urgencia referidas. No es únicamente el Gobierno quien debe velar por la seguridad nacional; los máximos responsables de dichas instituciones, conocedores de la inminencia del peligro, de su desarrollo durante el curso de la crisis y de sus previsibles consecuencias futuras, se hallaban facultados para adoptar decisiones autónomas y medidas preventivas o disuasorias en salvaguarda del país y de los intereses nacionales, sin necesidad de esperar instrucciones expresas del Ejecutivo. La eventual inacción o tardanza en el ejercicio de dichas competencias podría ser constitutiva de delitos de omisión del deber de impedir delitos (art. 450 del Código Penal), de prevaricación por omisión o, en su caso, de delitos contra la seguridad nacional, extremo que debería ser investigado a fin de depurar las correspondientes responsabilidades.
III.- ELEMENTOS DE CONTEXTO APORTADOS
Que se tengan por señalados, a los meros efectos ilustrativos, los siguientes elementos:
1. Los movimientos de efectivos militares hacia Ceuta en las fechas indicadas, así como las informaciones periodísticas publicadas en las últimas semanas de agosto y primeros días de septiembre, relativas a las alarmas sobre Rusia, China, Irán y la flota en el Mediterráneo.
2. Las investigaciones del blog Sa Defenza sobre Jabaroot y sus cambios de tono respecto al Gobierno español.
3. Los informes sobre suministro de armamento y tecnología a Marruecos por parte de Reino Unido, Francia, Israel, Estados Unidos e Italia, así como sus intereses geopolíticos, denunciados ya a partir de 2024, con infiltraciones —nunca desmentidas— de agentes del MI6, del FBI y de los servicios italianos, así como de sus respectivos grupos mercenarios, que estarían organizando atentados de bandera falsa; extremo que fue puesto en conocimiento del Presidente Sánchez por parte de quien suscribe.
4. Las declaraciones del Presidente del Gobierno en sus comparecencias públicas, contrastadas con las versiones oficiales del CNI, de la Policía y del Ministro del Interior, así como las filtraciones de información relativas a amenazas contra la familia del denunciado, con muy probable origen en los servicios de inteligencia.
5. Las comunicaciones previas sobre secciones mercenarias y unidades especiales presentes en España, recibidas con varios meses de antelación por los órganos competentes, ajenas al bloque multipolar y dispuestas a atentar contra la ciudadanía y contra el fundamentalismo islámico.
IV.- PETICIÓN
Por lo expuesto, se solicita al Juzgado de Instrucción del Tribunal Supremo:
Primero. – Que tenga por presentado este escrito a los efectos que estime convenientes.
Segundo. – Que, si lo considera oportuno y existen indicios objetivos que lo justifiquen, pueda acordar la práctica de diligencias de investigación que permitan esclarecer si los hechos referidos responden a una situación de coacción externa, a una operación de desinformación, a una estrategia de confusión deliberada, o si, por el contrario, no revisten relevancia penal alguna.
Tercero. – Que se sirva valorar libremente los elementos de contexto aportados, sin que esta parte pretenda predeterminar el sentido de su resolución, y que, en particular, se investigue la posible conexión entre las amenazas recibidas por el denunciado, las filtraciones de inteligencia, las contradicciones entre sus declaraciones y las de los órganos técnicos del Estado, las sospechas de una acción coordinada que aún no ha sido esclarecida, así como la eventual responsabilidad de los responsables de la Policía, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia por su posible omisión del deber de actuar con la diligencia e inmediatez exigibles.
Es justicia que pido en [Ciudad], a [día] de [mes] de 2026.
Fdo.: [Firma del denunciante]
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